El cambio de rumbo en el modelo de crecimiento iniciado el 10 de diciembre de 2015 ha afectado muy especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) llevándolas a una situación extremadamente crítica. Actualmente, las PyMES enfrentan una fuerte caída de las ventas. La caída de la demanda del consumo se origina en el estrangulamiento de los ingresos de vastos sectores de la sociedad. Los salarios reales de los trabajadores se redujeron en términos reales, desde diciembre de 2015, entre -16% y -25; las jubilaciones y otras prestaciones sociales, por su parte, perdieron un amplio porcentaje de su poder adquisitivo.
Las empresas están sufriendo por los incrementos absolutamente desmesurados de las tasas de interés que volvieron inaccesible el financiamiento del capital de trabajo.
La dolarización de las tarifas de los servicios públicos produjo aumentos estrafalarios y subas sistemáticas en los combustibles y los tarifazos se extendieron por todo el país afectaron en especial a las PyMES industriales que son el motor de la producción nacional de bienes y servicios.
La liberalización del comercio exterior agrava sin duda la situación de las empresas, que no solo venden menos porque las familias consumen menos, sino que además se ven desplazadas por importaciones que buscan ser colocadas desde el exterior.
Es en este contexto tremendamente hostil que las PyMEs se han movilizado para y lograr un objetivo modesto: al menos subsistir ante una política económica adversa que alienta esta tormenta perfecta casi eterna.
Algunos puntos clave del proyecto:
● Declarar la emergencia productiva, aduanera, económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos por la Ley N° 24.467, por el término de ciento ochenta (180) días.
● Exención de los impuestos sobre los bienes personales y ganancia mínima.
● Un esquema de derechos de exportación y de reintegros a las exportaciones agropecuarias, agroindustriales e industriales específico que incentive la generación de valor agregado en origen y promueva el desarrollo regional.
● Retrotráiganse al 1° de noviembre de 2017, las tarifas de servicios públicos bajo concesión o licencia del Estado nacional.
● Se adopten medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad productiva.
● Crear la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Producción, el Empleo Argentino y el Comercio Exterior, a los fines de monitorear el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, que tendrá el carácter de Comisión Permanente.
Comisión Directiva
U.O.M. Seccional San Francisco
